Ante la Nueva Ley de Servicios Profesionales

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 4 de septiembre de 2012

        REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN DE INGENIERO

El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos, junto al resto de organizaciones profesionales de ingenieros reunidas en la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros(UPCI) y en el Instituto de la Ingeniería de España (IIE),  ante la nueva Ley de Servicios Profesionales presenta las siguientes consideraciones:

 

Los Colegios Profesionales de Ingenieros, como el resto de agentes de la sociedad española son plenamente conscientes de que las actuales dificultades económicas nos obligan a emprender actuaciones diligentes que favorezcan la recuperación y la regeneración de tejido productivo. Aprender de los errores y dibujar un horizonte sostenible para nuestra economía es un objetivo compartido y un compromiso que asumimos con responsabilidad desde nuestro papel de organismos públicos al servicio de la sociedad española.

 

 

Casi de cualquier análisis sosegado sobre la situación actual se desprende que nos encontramos ante una profunda crisis del modelo de crecimiento económico que ha venido sosteniendo el estado del bienestar en nuestro país.La recuperación del tejido productivo sobre la base del talento de nuestros profesionales parece la única vía nítida y de consenso para construir unos cimientos sólidos para nuestra economía.
La ingeniería española ha dado sobradas muestras de excelencia en nuestra historia más reciente. Nuestros ingenieros son reclamados en todo el mundo como profesionales competentes, creativos e innovadores porque atesoran un amplísimo conocimiento técnico y desarrollan su labor dentro de unos parámetros de responsabilidad que marcan un desempeño mundialmente reconocido por su excelencia. En la actual coyuntura este capital es irrenunciable.
Pero la profunda crisis que afecta a la economía española tiene entre otros indeseados efectos una muy preocupante tasa de desempleo entre nuestros profesionales más cualificados (que se acentúa de manera dramática entre los más jóvenes), justamente los más necesarios en los momentos críticos.
Durante no poco tiempo prevemos que nuestra industria se verá forzada a adoptar estructuras más flexibles que permitan en primera instancia la supervivencia de nuestras empresas y en una segunda etapa su paulatino crecimiento. Es muy previsible que se adopten fórmulas de prestación de servicios en las que se pierda masa laboral asalariada que debería ser sustituida por profesionales que realicen libre ejercicio de la profesión. La pujanza del trabajador autónomo, innovador y emprendedor supondrá una ruptura del modelo tradicional en la que entendemos que los Colegios Profesionales debemos jugar un papel clave como aglutinador y garantista.
En todo caso, la solución que finalmente se plantee no puede ser ajena a la reciente adaptación que se ha realizado en España de las titulaciones universitarias para su adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia). Este nuevo marco ha definido con claridad qué títulos universitarios habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas (con lo cual no existe
problema para su identificación) y también ha establecido qué competencias se deben adquirir para ejercer determinadas profesiones. Por ello, lo razonable es que el ejercicio profesional de las diferentes profesiones reguladas de
ingeniería se fundamente en dicho marco.
Basta con un análisis de las diferentes órdenes CIN que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de las diferentes profesiones de Ingeniero (Aeronáutico, minas, Navales, Caminos Canales y Puertos, Montes, Industrial, Telecomunicación, Agrónomos) para percatarse de que, el núcleo general de conocimientos académicos es sumamente específico en cada una de las ramas de ingeniería. De esta forma parecería absurdo que alguien que haya obtenido los conocimientos que le habilitan para ejercer una concreta profesión regulada de Ingeniero -Naval, Industrial, de Montes, de Telecomunicación, etc- (todas ellas profesiones reguladas reconocidas en la normativa vigente), pudiera disponer de atribuciones profesionales sobre un área ajena a sus conocimientos. Alcanzar conclusiones en sentido contrario supondría un serio
desconocimiento de la realidad social actual y conllevaría una trasgresión clara del reciente esquema por el que España se ha adaptado al citado marco europeo de titulaciones del que, además, se podrían derivar consecuencias imprevisibles e irreparables. Además sumiría en una incertidumbre e inseguridad jurídica a los titulados, por la extraña posibilidad de disponer atribuciones en materias que les son totalmente ajenas, con el evidente riesgo que esto supone cuando se está hablando de actividades que
tienen una influencia directa en la seguridad de las personas. Sólo es necesariotrasladar esta posibilidad a otros ámbitos, como el sanitario o el jurídico, entre otros, para percatarse de su inconsistencia.

La experiencia de nuestros vecinos europeos y de aquellos países con un modelo productivo sólido nos enseña además que la existencia de entidades intermedias entre el ejercicio profesional, la empresa y la propia Administración no solo no constituye un obstáculo al buen funcionamiento del sistema, sino que se convierte en una herramienta fundamental para que éste funcione con garantías técnicas propias de los países más desarrollados. La orientación pública de estas entidades no puede ser sino una garantía de que los requerimientos se establezcan en virtud de la seguridad ciudadana y el progreso y al margen de otras motivaciones.
Adicionalmente consideramos que igualar a nuestros profesionales al margen de sus competencias, esfuerzo educativo y   destrezas puede ser un factor que unido al desalentador horizonte laboral al que se enfrentan puede traducirse en una desvalorización de las titulaciones encargadas de planificar y diseñar sobre herramientas de innovación nuestro papel competitivo en un entorno globalizado. El constante trabajo realizado para el fomento de más y mejores vocaciones en el ámbito de la ingeniería puede verse desbaratado si se llegaran a adoptar decisiones que igualen hacia abajo, desmereciendo el
esfuerzo, un valor fundamental en la recuperación económica.
Por ello hacemos las siguientes propuestas en el ánimo de continuar asumiendo, más que nunca en esta dificultosa coyuntura, nuestra responsabilidad como entidades de derecho público al servicio de la sociedad española y de la ingeniería como herramienta clave de nuestra recuperación.

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